Especialidad Principal

Nueva Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595)

La entrada en vigencia de la Ley 21.595 marca un punto de inflexión en la persecución penal en Chile. Se abandona el trato benevolente a la llamada "delincuencia de cuello blanco", estableciendo un estatuto punitivo diferenciado, más severo y sin las salidas alternativas tradicionales.

En Ingeniería Legal, brindamos análisis dogmático y representación especializada para navegar este nuevo escenario de alta complejidad.

| El Cambio de Paradigma en la Delincuencia Corporativa

La normativa no solo amplía drásticamente el catálogo de delitos base (incorporando delitos medioambientales, tributarios y laborales), sino que crea un sistema de cuatro categorías. Este modelo clasifica los delitos dependiendo de si son intrínsecamente económicos, o si adquieren dicha calidad al ser cometidos en el ejercicio de un cargo, función o posición dentro de una empresa.

| Impacto Directo en la Alta Dirección y el Directorio

El principal foco de riesgo se traslada a las personas naturales que toman las decisiones. La ley establece reglas especiales para la determinación de la pena, limitando severamente la posibilidad de cumplir condenas en libertad si el autor tiene una posición jerárquica superior.

Sistema de Días-Multa

Las sanciones económicas ahora se calculan en base al patrimonio real del condenado, pudiendo alcanzar cifras que comprometen seriamente su solvencia personal.

Comiso de Ganancias

Se permite al Estado incautar los beneficios económicos obtenidos a través del delito, incluso si han sido transferidos a terceros u otras sociedades.

Inhabilitaciones

Prohibición absoluta para ejercer cargos gerenciales, directivos o de representación, inhabilitando de facto la trayectoria profesional del ejecutivo.

Litigación Compleja y Defensa Estratégica

Enfrentar una imputación bajo el estatuto de la Ley 21.595 requiere más que conocimientos procesales generales; exige precisión dogmática y comprensión de la dinámica empresarial. Asumimos la defensa de personas naturales y jurídicas con una estrategia basada en la epistemología jurídica y el control riguroso del estándar de prueba.